A 12 de noviembre de 2026, el registro del investigador Damien Charlotin contaba 2.292 resoluciones judiciales en las que un tribunal constató, o dio a entender, que una parte se apoyó en contenido inventado por una IA. Así lo recoge wwwhatsnew.com. Ocho son españolas. El dato importa porque cada vez más gente pregunta a un chatbot por su alquiler, una multa o una herencia, y los beneficios y los riesgos no se reparten por igual.
Más de 2.200 casos y un patrón: quién los protagoniza
De esos casos, 1.553 son de Estados Unidos. Por tipo de parte, 912 corresponden a abogados y 1.315 a personas que litigaban sin abogado, según los datos que cita wwwhatsnew.com. La base solo incluye lo que un tribunal ha tratado de forma explícita, así que no mide todos los errores que circulan.
En España, el caso de referencia es un auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del 4 de septiembre de 2024. Un abogado presentó una querella que citaba, como si fuera del Código Penal español, un artículo del Código Penal de Colombia.
Según el auto, el letrado explicó que el texto se lo había dado ChatGPT por un manejo inadecuado del sistema en su despacho. Pidió disculpas de inmediato.
Quién gana cuando la IA se usa para entender
Gana, en primer lugar, quien llega a una consulta sin saber qué preguntar. wwwhatsnew.com atribuye a los asistentes cuatro usos razonables: traducir un texto jurídico a lenguaje corriente, ordenar los hechos en una cronología, preparar preguntas para el abogado y orientar sobre qué norma buscar.
También gana el profesional que llega con el caso mejor ordenado, y el ciudadano que ahorra tiempo en una primera aproximación. En todos esos usos, la IA prepara y el humano decide.
Las propias empresas marcan esa frontera. Según wwwhatsnew.com, las políticas de uso de OpenAI, en la versión que se aplica desde el 20 de noviembre de 2026, prohíben crear herramientas que den a otros asesoramiento personalizado que requiera licencia sin un profesional habilitado. Prohíben además automatizar sin revisión humana acciones de alto impacto en ámbitos sensibles, entre ellos el legal.
Quien no puede pagar un abogado tiene otra vía. La Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita incluye, en su artículo 6, el asesoramiento y la orientación previos al proceso para quien cumpla los requisitos.
Quién pierde cuando la cita falla
Pierde sobre todo quien no tiene a nadie que revise. Las 1.315 resoluciones con litigantes sin abogado indican que ese grupo está muy presente en el registro. Esa cifra no prueba por sí sola que sea el más vulnerable, pero sí que lleva los errores directamente ante el juez.
Los abogados también pierden, aunque de otra manera. En el caso navarro de 2024, el tribunal archivó la pieza sin multa por tratarse de una materia «ciertamente novedosa» y por la reacción rápida del letrado. Aun así, dejó escrito que el uso descuidado de estas tecnologías «es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal».
La multa del artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil va, recuerda el auto, de 180 a 6.000 euros. En el caso Avianca, un juez federal de Nueva York impuso el 22 de junio de 2023 una sanción de 5.000 dólares, unos 4.500 euros según la conversión aproximada de wwwhatsnew.com.
La indulgencia tampoco es una norma. Según wwwhatsnew.com, que cita a Noticias de Navarra del 26 de marzo de 2026, la Sala de lo Social del mismo tribunal archivó otra pieza contra una abogada. Su recurso de octubre de 2025 incluía ocho citas inventadas de sentencias del Constitucional, el Supremo y tribunales superiores. Tampoco hubo multa, de nuevo por la rapidez de sus disculpas.
El problema técnico persiste. El auto de 2024 recoge un estudio de enero de 2024 con alucinaciones legales entre el 69 % con ChatGPT 3.5 y el 88 % con Llama 2. Son modelos de aquella época, advierte wwwhatsnew.com, pero la conclusión sigue vigente: los modelos no siempre saben cuándo se inventan algo. Conviene entender cómo funciona un modelo de lenguaje para saber por qué.
Hay un segundo riesgo: los chatbots tienden a darte la razón. Si preguntas «¿verdad que puedo reclamar?», es fácil que respondan que sí.
Tres comprobaciones gratuitas antes de fiarse
La defensa propuesta por wwwhatsnew.com es verificar en la web del BOE, que es gratuita. Primero, comprobar que la norma existe en el apartado de legislación consolidada y que su número coincide. Segundo, leer el artículo exacto y compararlo con lo que dijo la IA.
Tercero, revisar la versión. El selector «Seleccionar redacción» muestra cada redacción con su fecha de entrada en vigor, útil contra el error de dar un texto antiguo como si fuera el actual. Para las sentencias, hay que buscarlas en el buscador del CENDOJ del Consejo General del Poder Judicial. Si no aparece, wwwhatsnew.com aconseja tratarla como inventada.
El reparto de ganadores y perdedores depende menos de la herramienta que de quién verifica. Quien usa el asistente para entender y comprueba después en el BOE o el CENDOJ obtiene la ventaja sin asumir el riesgo. Quien presenta un escrito sin revisión ajena carga con las consecuencias, y con ellas la multa. Para cualquier uso ético de estas herramientas, la regla práctica es que lo que se firme o se presente ante un juzgado debe pasar por una persona que responda de ello.



