La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude en los fondos de la UE destinados a comprar las pulseras antimaltrato. España pagó 6,4 millones del plan NextGenerationEU dentro de un contrato de 42,6 millones, según El Distrito, recogido por Xataka. El caso sirve como lista de errores que cualquier empresa o administración debería evitar al contratar tecnología crítica.
La UCO llega a Igualdad y al Tribunal de Cuentas
Según El Confidencial, citado por Xataka, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron este jueves a las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas. Actúan como policía judicial a las órdenes de la Fiscalía Europea.
La EPPO sí ha confirmado que investiga un presunto fraude con estos fondos y que la investigación arrancó en 2025. No ha dado más detalles: ni a quién investiga, ni la cuantía, ni qué se busca en cada sede.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha prometido «colaboración absoluta». Xataka señala que las actuaciones coinciden con la víspera del arranque de la campaña electoral, aunque la pesquisa es anterior.
Conviene separar planos. Lo confirmado es la investigación sobre los fondos. Los fallos técnicos están documentados por separado, y Xataka no los vincula con el presunto fraude.
Los fallos que ya estaban documentados
Las pulseras avisan, mediante una SIM, si el agresor incumple la distancia de alejamiento fijada por un juez. Xataka reúne varios incidentes previos:
| Cuándo | Qué ocurrió | Dato |
|---|---|---|
| Finales de 2023 | El servicio pasa de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas | Meses sin acceso al histórico de ubicaciones de algunos agresores |
| Sin fecha concreta en la fuente | Batería, GPS y conectividad | Fugas de batería, GPS impreciso y transmisión por 2G/3G cuando el contrato pedía 4G |
| Noviembre de 2025 | Caída del sistema por un enrutador de alertas | Cerca de 13 horas; multa de 25.285 euros a Vodafone |
| Septiembre | Auditoría del Tribunal de Cuentas | «Graves deficiencias» en contratos de 2018, 2021 y 2023, que suman 102,6 millones |
La pérdida del histórico tuvo consecuencias judiciales: varios juzgados no pudieron probar que se hubieran quebrantado órdenes de alejamiento. Además, según el Tribunal de Cuentas, ninguno de los contratos preveía de entrada un plan de transición entre proveedores.
Una comparación propia: 25.285 euros de sanción por 13 horas de caída es una cifra pequeña frente a contratos de decenas de millones.
Seis comprobaciones para auditar un contrato tecnológico crítico
Estas pautas son un análisis propio a partir de los fallos descritos, no medidas que recomiende Xataka ni las autoridades. Sirven para cualquier servicio donde un fallo tenga costes altos: alarmas, flotas, sensores, telemedicina o logística.
- Verifique la conectividad real. Si el pliego exige 4G, pruebe una muestra de dispositivos antes de aceptar el lote. Las redes 2G/3G están en extinción.
- Mida la precisión en condiciones reales. Pruebe el GPS en interiores, sótanos y zonas con mala cobertura, no solo al aire libre.
- Exija un plan de transición. El contrato debe fijar quién conserva los datos, en qué formato se entregan y en qué plazo al cambiar de proveedor.
- Ensaye la recuperación del histórico. Pida cada trimestre una exportación completa y compruebe que se puede abrir y usar como prueba.
- Revise los puntos únicos de fallo. La caída de noviembre de 2025 vino de un enrutador de alertas. Pregunte qué ocurre si falla y cuánto tarda el sistema de respaldo.
- Ajuste las penalizaciones al riesgo. Si el servicio protege personas, la multa por caída debe pesar más que el ahorro de no redundar.
Los límites son claros. Estas comprobaciones reducen el riesgo técnico, pero no detectan un fraude en la justificación del gasto, que exige auditoría financiera. Tampoco sabemos si el caso penal guarda relación con los fallos operativos. Además, los contratos públicos tienen reglas de licitación que una empresa privada no soporta.
Si gestiona o contrata un servicio donde un fallo puede costar más que el contrato, empiece por la transición entre proveedores y el acceso al histórico. Son los puntos que, según el Tribunal de Cuentas y Xataka, quedaron sin prever en las pulseras. Del caso penal conviene esperar a que la Fiscalía Europea concrete su investigación.
