El Consejo de Ministros aprobó el viernes un real decreto-ley que crea una red de hasta 20 centros públicos de «interés nacional» en 10 áreas estratégicas, entre ellas IA, semiconductores y tecnologías cuánticas. Para investigadores, startups y empresas que contratan perfiles de I+D, el cambio se nota en contratos, compras y deducciones fiscales. Así lo detalla Xataka.
Pedro Sánchez presentó la norma con una frase: «Soberanía es no depender de multinacionales ni intereses extranjeros». El decreto se aplica en España, pero marca una dirección que otros países hispanohablantes también observan: financiar capacidad propia en IA y chips.
Contratos, compras y deducciones: lo que toca el decreto
Según Xataka, la novedad no son los centros, sino su estatus especial. Tendrán más autonomía y flexibilidad para contratar personal, comprar equipos y llevar resultados al mercado. El estatus durará cinco años, prorrogables hasta diez.
Para quien investiga, el paquete incluye medidas muy concretas:
- Menos trámites en convenios y contratos de I+D+I.
- Mayores retribuciones para investigadores financiados con fondos externos.
- Eliminación de autorizaciones previas en ciertos contratos.
El Barcelona Supercomputing Center pasa a ser una fundación pública adscrita a la Administración General del Estado. Además, podrá crear una empresa para comercializar sus resultados.
Para las empresas, el cambio más medible es fiscal. Xataka resume así las cifras:
| Medida | Antes | Con el decreto |
|---|---|---|
| Deducción para empresas que más innovan | 12% | 15% |
| Deducciones cobrables al año por startups sin beneficios | Hasta uno (millón) | Hasta tres (millones) |
| Bonificaciones por contratar personal de I+D | 3 años | 5 años |
Una startup que aún no gana dinero no puede aprovechar una deducción contra beneficios que no tiene. Por eso el tope de cobro anual pesa más para ella que el porcentaje general.
Una norma que el próximo Gobierno puede retocar
El decreto llega a poco más de una semana de las elecciones generales del 29N. Con las Cortes disueltas, debe convalidarlo la Diputación Permanente en un plazo de treinta días, según el artículo 86 de la Constitución. Xataka advierte de que el próximo Gobierno podría cambiarlo.
Para una empresa, esto afecta a la planificación. Contratar investigadores contando con bonificaciones de cinco años es una apuesta a largo plazo sobre una norma que aún no está consolidada.
El decreto tampoco llega solo. En mayo el Gobierno aprobó la Estrategia Deep Tech España, que movilizará más de 8.000 millones de euros hasta 2030. En junio aprobó 300 millones para las gigafactorías europeas de IA, de las que España tiene dos: en el BSC y en el CESGA. Los fondos europeos Next Generation impulsaron la I+D hasta agosto de este año.
La brecha de inversión que la norma no cierra
Según Xataka, el texto habla de medidas urgentes concretas, pero no de dinero. España invirtió en I+D el 1,50 % del PIB en 2024, frente a cerca del 2,2 % de la media europea.
El objetivo es llegar al 2,12 % en 2027. La Fundación COTEC, citada por Xataka, calcula que harían falta crecimientos anuales de la I+D cercanos al 24 %, bastante por encima del ritmo actual.
Menos burocracia y mejores deducciones reducen costes y fricciones, pero no sustituyen a la financiación. Un centro con libertad para comprar equipos sigue necesitando presupuesto para hacerlo.
Para quien trabaja en investigación o dirige una empresa tecnológica en España, lo prudente es esperar a la convalidación y a la composición del nuevo Gobierno antes de apoyar contrataciones o inversiones en estas ventajas. Conviene vigilar si la Diputación Permanente lo convalida, qué centros obtienen el estatus de interés nacional y si los presupuestos añaden la financiación que el decreto no recoge.



